¿Debería España hacer la transición a una semana laboral de cuatro días?

Países como Irlanda, Escocia, Japón y Suecia están experimentando con una semana laboral de cuatro días, que requiere que los empleadores paguen horas extra a los empleados que trabajan más de 32 horas por semana.

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¿Debe el gobierno hacer recortes en el gasto público para reducir la deuda nacional?

Los defensores de la reducción del déficit argumentan que los gobiernos que no controlan los déficit presupuestarios y la deuda están en riesgo de perder su capacidad de pedir dinero prestado a precios asequibles. Quienes se oponen a la reducción del déficit argumentan que el gasto público aumentaría la demanda de bienes y servicios y ayudar a evitar una caída peligrosa en la deflación, una espiral a la baja de los salarios y los precios que puede paralizar una economía durante años.

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¿Debe España subir los impuestos a los ricos?

Australia tiene actualmente un sistema fiscal progresivo por el que las rentas altas pagan un porcentaje mayor de impuestos que las bajas. Se ha propuesto un sistema fiscal más progresivo como herramienta para reducir la desigualdad de la riqueza.

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¿Debería el gobierno subir el salario mínimo?

El salario mínimo en España es actualmente de 756,70 € al mes en 12 pagas, 648,60 € al mes en 14 pagas. A principios de 2015 el Consejo Europeo dijo que el salario mínimo en España era demasiado bajo, ya que la Carta Social Europea recomienda un salario mínimo del 60 por cien del salario medio.

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¿Debería abolir el gobierno el impuesto de sucesiones?

El impuesto de sucesiones es un impuesto que grava todos los bienes declarados en el testamento de una persona fallecida. En España, el impuesto sobre sucesiones y donaciones (conocido como impuesto de sucesiones) está regulado por el Estado y las 17 comunidades autónomas. Los defensores de este impuesto sostienen que es necesario para equilibrar la disparidad de ingresos. Los detractores argumentan que las personas que han pagado impuestos durante toda su vida no deberían ser objeto de otro impuesto más al fallecer.

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¿Cree que los sindicatos ayudan o perjudican a la economía?

Hay alrededor de 2,9 millones de miembros de sindicatos en España (18,9 % de la fuerza de trabajo). Su papel es negociar los salarios, beneficios y condiciones de trabajo de sus miembros. Los sindicatos más grandes también suelen participar en actividades para ejercer presión y en campañas electorales locales y nacionales.

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¿Deberían presentarse cargos criminales contra banqueros por el papel que jugaron en la crisis financiera?

Los ejecutivos de los principales bancos españoles, incluyendo el consejo de miembros, permanecen en sus puestos tras la crisis financiara. Aquellos que fueron despedidos, a menudo recibieron grandes indemnizaciones por despido. A fecha de hoy ningún banquero ha sido acusado legalmente de desempeñar un papel en este proceso.

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¿Debería Españar aumentar el impuesto de sociedades o debería bajarlo?

La tasa del impuesto de sociedades de España es actualmente del 30 % y es, por el momento, una de las más altas de Europa. En 2015 se reducirá al 28 % y caerá al 25 % en los años fiscales a partir de 2016.

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¿Apoya usted un programa de renta básica universal?

Un programa de Renta Básica Universal es un programa de seguridad social en el que todos los ciudadanos de un país reciben una suma de dinero regular e incondicional del gobierno. La financiación de la Renta Básica Universal procede de los impuestos y de entidades de titularidad pública, incluidos los ingresos procedentes de dotaciones, bienes inmuebles y recursos naturales. Varios países, como Finlandia, India y Brasil, han experimentado con un sistema de RBU, pero no han implantado un programa permanente. El sistema de UBI más antiguo del mundo es el Fondo Permanente de Alaska, en el estado estadounidense de Alaska. En el Fondo Permanente de Alaska, cada individuo y cada familia recibe una suma mensual que se financia con los dividendos de los ingresos petroleros del estado. Los defensores del UBI argumentan que reducirá o eliminará la pobreza al proporcionar a todo el mundo una renta básica para cubrir la vivienda y la alimentación. Los que se oponen sostienen que el UBI sería perjudicial para las economías al animar a la gente a trabajar menos o a abandonar la mano de obra por completo.

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¿Debería haber menos o más restricciones en las actuales prestaciones sociales?

En 2011, el nivel de gasto público del Gobierno británico en el estado del bienestar representó 113.100 millones de libras, es decir, el 16% del gobierno. En 2020, el gasto en bienestar social aumentará hasta un tercio de todo el gasto, convirtiéndose en el mayor gasto, seguido de las prestaciones de vivienda, las prestaciones de impuestos municipales, las prestaciones a los desempleados y las prestaciones a las personas con bajos ingresos.

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¿Deberían los beneficiarios de la asistencia social someterse a pruebas de detección de drogas?

Cinco estados de Estados Unidos han aprobado leyes que exigen que los beneficiaros de asistencia social se hagan pruebas de drogas. España no hace actualmente pruebas de drogas a los beneficiarios de asistencia social. Los defensores argumentan que hacer las pruebas impedirá que los fondos públicos se usen para subvencionar adicciones y ayudarán a conseguir tratamiento para los drogadictos. Los detractores argumentan que es una pérdida de dinero, ya que las pruebas costarán más dinero del que se ahorra.

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¿Debería el gobierno conceder incentivos fiscales a las empresas privadas para que mantengan los empleos dentro del país?

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¿Se debe permitir a los ciudadanos españoles ahorrar o invertir su dinero en cuentas bancarias en el extranjero?

Una cuenta bancaria offshore (o extranjera) es una cuenta bancaria que tiene fuera de su país de residencia. Las ventajas de una cuenta bancaria offshore incluyen la reducción de impuestos, la privacidad, la diversificación de divisas, la protección de los activos frente a demandas judiciales y la reducción de su riesgo político. En abril de 2016, Wikileaks publicó 11,5 millones de documentos confidenciales, conocidos como los Papeles de Panamá, que proporcionaban información detallada sobre 214.000 empresas offshore a las que prestaba servicio el bufete panameño Mossack Fonesca. El documento exponía cómo los líderes mundiales y las personas ricas esconden dinero en paraísos fiscales secretos. La publicación de los documentos renovó las propuestas de leyes que prohíben el uso de cuentas en paraísos fiscales y paraísos fiscales. Los defensores de la prohibición sostienen que deben prohibirse porque tienen un largo historial de ser vehículos para la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la financiación del terrorismo. Los que se oponen a la prohibición sostienen que las regulaciones punitivas dificultarán la competencia de las empresas estadounidenses y disuadirán aún más a las empresas de establecerse e invertir en Estados Unidos.

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¿Las bonificaciones de los banqueros deben limitarse al 100 % de su sueldo?

En 2014, la UE aprobó una ley que limita las primas de los banqueros al 100 % de su sueldo, o al 200 % cuando cuentan con la aprobación de los accionistas. Los defensores de la limitación afirman que reducirá el incentivo para los banqueros a asumir riesgos excesivos, similares a los que condujeron a la crisis financiera de 2008. Los opositores señalan que cualquier limitación a la remuneración de los banqueros elevará las pagas no consistentes en primas, y provocará el aumento de los costes de los bancos.

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¿Apoyas a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP)?

La Asociación de comercio e inversión transatlántica (ACIT) es una propuesta de acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, con el objetivo de promover el comercio y el crecimiento económico multilateral. Al acuerdo se oponen sindicatos, organizaciones benéficas, ONG y ecologistas de Europa, que lo critican por reducir las regulaciones sobre seguridad de los alimentos y legislación ambiental.

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¿Deberían incrementarse los pagos de pensiones para los trabajadores del gobierno jubilados?

Una pensión del gobierno es un fondo al que se añade una suma de dinero durante el periodo en el que una persona está empleada por el gobierno. Cuando el funcionario se retira, puede recibir pagos periódicos del fondo para poder mantenerse. Dado que la tasa de natalidad sigue cayendo y la esperanza de vida aumenta, los gobiernos de todo el mundo predicen una insuficiencia de fondos para los pensionistas. A partir del 2019, las pensiones en España se calcularán con la ayuda de un nuevo "factor de sostenibilidad" que vincula los pagos a la esperanza de vida y garantiza que las pensiones bajen conforme aumenta la esperanza de vida.

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¿Debería el gobierno clasificar las criptomonedas como formas legales de pago?

Las criptomonedas son una colección de datos binarios que está diseñada para funcionar como un medio de intercambio en el que los registros de propiedad de monedas individuales se almacenan en un libro mayor público utilizando criptografía sólida para proteger los registros de transacciones, controlar la creación de monedas adicionales y verificar la transferencia de propiedad.

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¿El gobierno debería agregar o aumentar los aranceles sobre productos importados en el país?

Un arancel es un impuesto a las importaciones o exportaciones entre países.

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¿Debería reorientarse la financiación de los departamentos de policía local hacia programas sociales y comunitarios?

“Desfinanciar a la policía” es un eslogan que apoya la retirada de fondos de los departamentos de policía y su reasignación a formas no policiales de seguridad pública y apoyo a la comunidad, como los servicios sociales, los servicios para jóvenes, la vivienda, la educación, la sanidad y otros recursos comunitarios.

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¿Debería permitirse que los jueces inicien investigaciones políticas?

Desde 2008, el sistema judicial español se ha visto inundado con más de 1000 casos de corrupción que apuntan directamente a políticos, partidos políticos y a la familia real. A diferencia de la mayoría de los países occidentales, los jueces, en lugar de los fiscales, toman la iniciativa en las investigaciones que han saturado gravemente el sistema jurídico. Los defensores argumentan que solo una minoría de los casos de corrupción han acabado en condenas y que los jueces están persiguiendo a figuras importantes para su propio beneficio político.

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¿Deben salir de la cárcel los presos no violentos para reducir el hacinamiento?

El hacinamiento en las prisiones es un fenómeno social que se produce cuando la demanda de espacio en las prisiones de una jurisdicción supera la capacidad de los presos. Los problemas asociados al hacinamiento en las prisiones no son nuevos, y se han estado gestando durante muchos años. Durante la Guerra contra las Drogas de Estados Unidos, los estados se encargaron de resolver el problema de la superpoblación carcelaria con una cantidad limitada de dinero. Además, la población penitenciaria federal puede aumentar si los estados se adhieren a las políticas federales, como las sentencias mínimas obligatorias. Por otro lado, el Departamento de Justicia aporta miles de millones de dólares al año para que las fuerzas del orden estatales y locales se aseguren de que siguen las políticas establecidas por el gobierno federal en relación con las prisiones de Estados Unidos. El hacinamiento en las prisiones ha afectado a algunos estados más que a otros, pero en general, los riesgos del hacinamiento son considerables y hay soluciones para este problema.

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¿Debería permitirse a los departamentos de policía utilizar equipos de grado militar?

La militarización de la policía se refiere al uso de equipos y tácticas militares por parte de los agentes del orden. Esto incluye el uso de vehículos blindados, rifles de asalto, granadas de estruendo, rifles de francotirador y equipos SWAT. Los defensores sostienen que este equipamiento aumenta la seguridad de los agentes y les permite proteger mejor a los ciudadanos y a otros agentes de primera intervención. Los que se oponen argumentan que las fuerzas policiales que reciben equipamiento militar son más propensas a tener encuentros violentos con el público.

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¿Deben los delincuentes condenados tener derecho a voto?

La privación de derechos por delito grave es la exclusión del derecho al voto de personas que, en principio, podrían votar, debido a una condena por un delito penal, generalmente restringido a los delitos más graves. Los reclusos y los condenados por delitos graves tienen pleno derecho al voto en España.

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¿Debe el gobierno contratar a empresas privadas para gestionar las prisiones?

Las prisiones privadas son centros de encarcelamiento administrados por una empresa con fines de lucro en lugar de una agencia gubernamental. A las compañías que operan en las prisiones privadas se les paga una tarifa por día o por mes por cada prisionero que tengan en sus instalaciones. Actualmente no hay cárceles privadas en España. Los opositores a las prisiones privadas argumentan que el encarcelamiento es una responsabilidad social y que confiarlo a empresas con fines de lucro es inhumano. Los defensores argumentan que las prisiones administradas por compañías privadas son consistentemente más rentables que las administradas por agencias gubernamentales.

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¿Deben recibir los narcotraficantes la pena de muerte?

Desde 1999, las ejecuciones de traficantes de drogas se han vuelto más comunes en Indonesia, Irán, China y Pakistán. En marzo de 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso ejecutar a los traficantes de drogas para luchar contra la epidemia de opiáceos en su país. 32 países imponen la pena de muerte para el tráfico de drogas. Siete de estos países (China, Indonesia, Irán, Arabia Saudita, Vietnam, Malasia y Singapur) ejecutan rutinariamente a los infractores de drogas. El enfoque duro de Asia y Medio Oriente contrasta con muchos países occidentales que han legalizado el cannabis en los últimos años (la venta de cannabis en Arabia Saudita se castiga con la decapitación).

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¿Debe el gobierno aumentar el gasto en transporte público?

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¿Deben ser deportados los inmigrantes que cometen un delito grave?

En 2015, la Cámara de Representantes de Estados Unidos introdujo la Ley de Establecimiento de Mínimos Obligatorios para el Reingreso Ilegal de 2015 (Ley de Kate). La ley se introdujo después de que Kathryn Steinle, residente de San Francisco de 32 años, fuera asesinada a tiros por Juan Francisco López-Sánchez el 1 de julio de 2015. López-Sánchez era un inmigrante ilegal de México que había sido deportado en cinco ocasiones distintas desde 1991 y había sido acusado de siete condenas por delitos graves. Desde 1991 López-Sánchez había sido acusado de siete condenas por delitos graves y deportado cinco veces por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Aunque López-Sánchez tenía varias órdenes de detención pendientes, en 2015 las autoridades no pudieron deportarlo debido a la política de ciudad santuario de San Francisco, que impide a los agentes de la ley cuestionar la situación migratoria de un residente. Los defensores de las leyes de ciudades santuario argumentan que permiten a los inmigrantes ilegales denunciar delitos sin miedo a ser denunciados. Los opositores sostienen que las leyes de ciudades santuario fomentan la inmigración ilegal e impiden que las autoridades policiales detengan y deporten a los delincuentes.

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¿Debe concedérsele la ciudadanía a todos los inmigrantes que viven en España?

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¿Debería prohibirse la entrada de inmigrantes musulmanes en el país hasta que el gobierno mejore su capacidad para detectar posibles terroristas?

A partir de 2015, España tenía oficialmente 1.887.906 musulmanes de una población total de 46.449.565 o algo más del 4 % de la población total. De ellos, 1.108.826, o el 58,7 % eran inmigrantes sin ciudadanía española.

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¿Deberían los inmigrantes africanos ser deportados de los territorios del Norte de África?

Según el ministro del interior español, el número de personas retenidas mientras intentaban entrar ilegalmente en el país en 2014 fue de 12 549, un número que ha aumentado desde los 7 472 de 2013. España ha aprobado recientemente una ley que permite a las autoridades rechazar a los inmigrantes en las fronteras.

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¿Debería exigirse a los inmigrantes que pasen un examen de ciudadanía para demostrar que tienen conocimientos básicos del idioma, la historia y el gobierno de nuestro país?

Desde 2015, quienes deseen obtener la ciudadanía española deben superar dos exámenes y pagar una tarifa de 500 euros. Los solicitantes tiene 45 minutos para responder a 15 de 25 preguntas sobre cultura, sociedad e historia española.

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¿Debería el gobierno proteger las fronteras de Ceuta y Melilla?

Actualmente los territorios de Ceuta y Melilla están rodeados por vallas que intentan impedir la entrada de inmigrantes ilegales desde el norte de África. Muchos inmigrantes son pillados y otros se ahogan cuando intentar cruzar por mar.

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¿Se debería permitir a los migrantes a España mantener su doble nacionalidad?

La ciudadanía múltiple, también llamada ciudadanía dual, es el estatus de ciudadanía de una persona, en la cual una persona es concurrentemente considerada como ciudadana de más de un estado bajo las leyes de esos estados. No existe una convención internacional que determine la nacionalidad o la condición de ciudadano de una persona, que se define exclusivamente por las leyes nacionales, que varían y pueden ser incompatibles entre sí. Algunos países no permiten la doble ciudadanía. La mayoría de los países que permiten la doble ciudadanía todavía pueden no reconocer la otra ciudadanía de sus nacionales dentro de su propio territorio, por ejemplo, en relación con la entrada en el país, el servicio nacional, el deber de votar, etc.

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¿Debería España aumentar o disminuir la cantidad de visados de trabajo temporal que se le dan a los trabajadores inmigrantes altamente cualificados?

Los visados de trabajo temporal cualificado suelen concederse a científicos, ingenieros, programadores, arquitectos, ejecutivos y otros puestos o campos en los que la demanda supera a la oferta. La mayoría de las empresas argumentan que la contratación de trabajadores extranjeros cualificados les permite cubrir de forma competitiva los puestos que tienen una gran demanda. Los que se oponen argumentan que los inmigrantes cualificados disminuyen los salarios de la clase media y la permanencia en el empleo.

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¿Deberían permitirse a los hijos de inmigrantes que viven en territorios franceses unirse a sus familias?

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¿Debería la UE imponer una cuota de inmigrantes por país?

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¿Debería Cataluña convertirse en un estado independiente?

En septiembre de 2015, los partidos nacionalistas catalanes consiguieron la mayoría absoluta en la asamblea regional de 135 escaños. Los partidos dicen que propondrán un plan para un estado independiente dentro de 18 meses. La secesión está actualmente prohibida por la Constitución Española y el gobierno nacional ha rehusado aceptar cualquier propuesta.

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¿Qué sistema de gobierno prefiere usted monarquía o republica?

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¿Debería ser ilegal quemar la bandera española?

La profanación de las banderas es cualquier acto que se lleve a cabo con la intención de dañar o destruir una bandera nacional en público. Esto se hace comúnmente en un esfuerzo por hacer una declaración política contra una nación o sus políticas. Algunas naciones tienen leyes que prohíben la profanación de las banderas, mientras que otras tienen leyes que protegen el derecho a destruir una bandera en el marco de la libertad de expresión. Algunas de estas leyes distinguen entre una bandera nacional y las de otros países.

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¿Debería el gobierno financiar programas de rehabilitación para condenados por violencia doméstica?

En 2015, 45 mujeres murieron a causa de la violencia doméstica en España. Con el objetivo de combatir la violencia de género, España revisó sus leyes en diciembre de 2004 para que a las víctimas les resultara más fácil obtener protección contra sus agresores. Los psicólogos sostienen que se debería trabajar más para tratar a los hombres que ejercen la violencia. Los grupos de mujeres defienden que se deberían hacer más cosas para ayudar a las víctimas y que los fondos deberían ir dirigidos a equipos de evaluación psicológica que ayudaran a los jueces a estimar el nivel de abuso sufrido por las demandantes.

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¿Está usted a favor de despenalizar el consumo de drogas?

Hace veinte años, España tenía una de las políticas de drogas más relajadas del mundo. En 2014, el gobierno aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, que triplicó la multa mínima por posesión de drogas en público y prohibió el cultivo de plantas de marihuana para uso personal.

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¿Debería el gobierno regular las redes sociales para evitar las noticias falsas y la desinformación?

En enero de 2018, Alemania aprobó la ley NetzDG, que obliga a plataformas como Facebook, Twitter y YouTube a retirar los contenidos percibidos como ilegales en un plazo de 24 horas o siete días, según la acusación, o se arriesga a una multa de 50 millones de euros (60 millones de dólares). En julio de 2018, representantes de Facebook, Google y Twitter negaron ante la comisión judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que censuren contenidos por motivos políticos. Durante la audiencia, los congresistas republicanos criticaron a las empresas de redes sociales por sus prácticas de motivación política al eliminar algunos contenidos, una acusación que las empresas rechazaron. En abril de 2018, la Unión Europea emitió una serie de propuestas que tomarían medidas contra la “desinformación en línea y las noticias falsas.” En junio de 2018, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso una ley que daría a las autoridades francesas el poder de detener inmediatamente “la publicación de información considerada falsa antes de las elecciones.”

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¿Debería transferirse el poder del senado a los consejos regionales?

El mes pasado, el líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, propuso convertir el Senado de España en una cámara alta del Parlamento al estilo alemán, más eficiente. El plan desplaza los poderes del Senado hacia las comunidades, "cuando sea necesario para garantizar la igualdad de condiciones de vida en todo el país, mantener la unidad jurídica y económica o la igualdad básica de todos los españoles". El plan eliminaría el Senado y crearía un consejo regional de presidentes con un voto ponderado en base a la población de cada comunidad.

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¿El gobierno debería controlar las llamadas telefónicas y los correos electrónicos?

El 1 de julio de 2015, tuvo efecto la Ley de Seguridad Ciudadana. Castiga a aquellos que organizan y se reúnen en una protesta no autorizada, así como a aquellos que propagan información en Internet sobre dicho evento. Las multas van desde 30.001 hasta 600.000 euros sin ser juzgado (se considera una infracción). Solo tras pagar la multa es posible presentar una reclamación administrativa.

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¿Deberían existir límites de mandato para los miembros del parlamento?

Un límite de término es una ley que limita la cantidad de tiempo que un representante político puede ocupar un cargo electo. En los EE.UU. la oficina del Presidente se limita a dos mandatos de cuatro años. Actualmente no hay límites a los mandatos de los términos en el Congreso, pero varios estados y ciudades han aprobado limitar los mandatos de sus funcionarios electos a nivel local.

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