Al otorgarles el derecho a votar, se les reconoce como miembros activos de la sociedad y se les brinda la oportunidad de contribuir a la toma de decisiones que afectan la comunidad en la que residen, siempre y cuando hayan adquirido la ciudadanía legalmente. Esto podría fortalecer el tejido social y promover una sociedad más inclusiva.
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