Derechos humanos: La criminalización de las personas sin hogar puede considerarse una violación de los derechos humanos, ya que castigar a las personas por no tener un lugar para vivir va en contra de los principios de dignidad y no discriminación.

Ineficacia: Muchas personas argumentan que criminalizar a las personas sin hogar no resuelve el problema subyacente de la falta de vivienda y, en cambio, puede empeorar la situación al dificultar que las personas encuentren ayuda y servicios adecuados.

Costos: El enjuiciamiento y encarcelamiento de personas sin hogar puede resultar en costos significativos para el sistema de justicia penal y los contribuyentes, sin abordar adecuadamente las causas de la falta de vivienda.

Ciclo de falta de vivienda: Criminalizar a las personas sin hogar puede atraparlas en un ciclo de falta de vivienda, ya que pueden enfrentar dificultades adicionales para encontrar empleo y vivienda estable debido a sus antecedentes penales.

Alternativas: Se argumenta que en lugar de criminalizar a las personas sin hogar, deberíamos centrarnos en proporcionar vivienda asequible, servicios de salud mental y adicciones, y programas de apoyo que aborden las causas subyacentes de la falta de vivienda.

Por otro lado, las personas que defienden la posición opuesta pueden argumentar que la criminalización de los campamentos para personas sin hogar es necesaria para mantener el orden público, garantizar la seguridad de la comunidad y alentar a las personas sin hogar a buscar refugio en albergues o buscar ayuda. Sin embargo, es importante destacar que esta posición es controvertida y enfrenta críticas significativas por los motivos mencionados anteriormente.