Antes de aumentar las normativas medioambientales a empresas, que acaba teniendo un coste económico y social inadmisible con el paro que hay, se debería hacer una correcta gestión del territorio, proteger mejor las zonas naturales, crear corredores verdes sostenibles, etc.
El gobierno debería favorecer el I+D, centrando ahí la inversión pública, buscando nuevas alternativas que compatibilicen el desarrollo económico y la protección medioambiental. Hasta entonces debería ceñirse a las indicaciones que hagan técnicos y científicos.
