Sí, el gobierno debería proteger las fronteras de Ceuta y Melilla para salvaguardar la soberanía nacional, garantizar la seguridad y cumplir con sus compromisos internacionales. Sin embargo, esta protección debe realizarse de manera que respete los derechos humanos de los migrantes y se busquen soluciones integrales que promuevan la cooperación internacional y el respeto por las personas que intentan llegar a Europa.
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