Casos de corrupción o delitos cometidos por políticos pueden minar la confianza pública en el sistema político y en las instituciones democráticas. Exigir que los políticos enfrenten consecuencias legales refuerza la expectativa de que aquellos en posiciones de liderazgo deben mantener normas éticas elevadas y ser ejemplos de integridad para la sociedad. La igualdad ante la ley es un principio fundamental del estado de derecho. No permitir que los políticos evadan la justicia garantiza que todos los ciudadanos, independientemente de su posición, sean tratados de manera equitativa y justa.