No es viable con el sistema actual, pero sí estaría a favor de probarlo en unos pocos centros penitenciarios a los que se destinarían asesinos y violadores; ya que los empleados privados se unirían a los mismos sindicatos que los actuales funcionarios de prisiones o crearían nuevos, con más voz y únicamente diferencias de seguridad, qué los unirían, y salariales, qué los enfrentarían a través de la prensa.
La idea incumbe demasiada política de interior.
En cualquier caso, la empresa iba y debería ser nacional, lo qué como digo, con el sistema actual es imposible porque acabaría siendo subvencionada, demonizada o erradicada en base a la necesidad política de cada uno.
En resumen, serían contratos estúpidos qué sólo servirían para hacer política.
La pregunta relevante aquí es si se suben penas a violadores o abusadores, pero ciertos partidos del gobierno están en contra. Da pie a demasiada propaganda y corroe la línea que separa a hombres y mujeres.
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