Si se demuestra que los banqueros cometieron a sabiendas un delito, que esté tipificado como tal, los banqueros sí que deberían pagar por la comisión de ese delito, devolviendo el dinero a los ciudadanos. Si por el contrario, sus acciones (las acciones de los banqueros) fueron imprudentes pero no ilegales (que lo que hicieron no estuviese tipificado como delito), se debería aprobar una nueva ley para evitar que esa situación volviese a suceder en el futuro y que además, ese ley tuviese también carácter retroactivo, obligando a los banqueros a que, como en el caso anterior, devuelvan el dinero a los ciudadanos.
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